lunes, 14 de octubre de 2013

Los socialistas se oponen a la reforma judicial que supondrá la supresión de los juzgados de Paterna

recién estrenada la nueva sede y ahora...
El portavoz socialista advierte que la reforma propuesta dejará a Paterna sin Juzgado de Primera Instancia e Instrucción derivando los temas y civiles y penales a Valencia  

Sagredo afirma que esta reforma es un ataque directo a los servicios públicos que alejará la justicia de los ciudadanos, saturará más los juzgados y ralentizará las resoluciones judiciales


El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha presentado hoy una moción para defender el actual sistema de justicia, garantizar la cobertura judicial ciudadana y asegurar la accesibilidad de toda la sociedad a este servicio público.

Para conseguir este objetivo, en su proposición, Sagredo ha pedido a Agustí que exija al Gobierno Central que desestime la propuesta de reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial que pretender aprobar.

Sagredo advierte que esta reforma, bajo el pretexto de un supuesto ahorro, persigue una centralización de la justicia en las capitales de provincia que, de llevarse a cabo, supondría un desmantelamiento de los servicios públicos que dejaría sin sede judicial a prácticamente todos los municipios y que complicaría enormemente el acceso de los ciudadanos a la justicia. 

En este sentido, el portavoz socialista afirma que “Paterna sería una de las poblaciones afectadas por esta reforma que, de aplicarse, dejaría de tener Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, de manera que los temas civiles y penales del pueblo pasarían a ser competencia exclusiva de Valencia”.

Sagredo considera que “esta reforma es un ataque directo a la Administración Pública que sólo servirá para alejar aún más la justicia de los vecinos, para colapsar todavía más los ya de por sí saturados juzgados y para ralentizar más las resoluciones judiciales”.

Por todo lo expuesto, en la moción presentada, Sagredo también propone que la citada reforma tenga en cuenta la organización judicial de cada comunidad autónoma con el fin de darles participación a éstas a la hora de modificar la demarcación judicial de su territorio.